Liu Ren: de asesor político chino a operador de una organización transnacional de estafas
Un denunciante fue secuestrado, torturado y asesinado. ¿Quién protege las redes criminales con conexiones políticas?
Un hombre asociado públicamente con el establishment político de China se convierte en una figura destacada de una red transnacional de fraude. Un bloguero lo desenmascara, es secuestrado en su propio país y muere después de ser golpeado. Años más tarde, el público conoce los detalles a través de los registros judiciales. La historia de Liu Ren es ya bastante perturbadora por sí sola, pero su significado mayor puede estar en lo que revela sobre un sistema político cuya apariencia exterior de control oculta cada vez más lealtades en competencia, fortunas privadas y relaciones criminales.
Liu Ren no era un fugitivo ordinario que operara fuera del alcance del Estado chino. Se lo había descrito como miembro en el exterior del entramado consultivo político de Anhui, ocupaba puestos de dirección en asociaciones empresariales chinas en Camboya y aparecía en una cobertura pública favorable. Su nombramiento consultivo preciso merece confirmación a partir de los registros oficiales de miembros, pero su posición pública más amplia no ofrece dudas. Durante años se movió en círculos donde el éxito empresarial, el reconocimiento político y el acceso a los funcionarios se reforzaban mutuamente. Las autoridades chinas lo identificarían más tarde como un miembro importante de la red criminal asociada al Prince Group de Chen Zhi.
En 2024, el bloguero antifraude Wu Kai, conocido en internet como Huijian, acusó públicamente a Liu de participar en operaciones criminales en Camboya. El entorno de Liu negó las acusaciones, mientras que las informaciones indican que unos intermediarios intentaron persuadir a Wu de que retirara sus acusaciones. Wu fue secuestrado después en Guangdong por hombres que se hacían pasar por policías, sometido a una violencia prolongada y abandonado en una zona montañosa, donde murió. El caso acabó produciendo condenas penales, pero la identidad y el conjunto de relaciones de quienes organizaron el ataque siguen siendo preguntas importantes sin respuesta.
Lo que hace este caso particularmente revelador es el contraste entre el alcance que el Estado afirma tener y las vulnerabilidades que ha mostrado. China mantiene un extenso aparato de seguridad interior y, sin embargo, una red criminal pudo organizar una operación violenta contra un acusador público dentro del territorio chino. La existencia de condenas muestra que las autoridades pudieron investigar y castigar a los participantes, pero no borra el fracaso a la hora de proteger a Wu ni explica cómo sus atacantes obtuvieron información sobre él. Un gobierno puede poseer poderes extraordinarios de vigilancia y, aun así, permitir que redes criminales con conexiones políticas operen dentro de su jurisdicción.
La acusación estadounidense contra Chen Zhi aporta otra pieza del cuadro. Los fiscales federales alegaron que directivos del Prince Group sobornaron a funcionarios chinos de la seguridad pública, hablaron de arreglos que involucraban al Ministerio de Seguridad del Estado y obtuvieron información anticipada sobre operaciones de las fuerzas del orden. Esas alegaciones no acreditan que los mismos funcionarios organizaran el secuestro de Wu. Sí exponen, en cambio, un peligro institucional más amplio: los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden convertir su acceso al poder del Estado en un servicio que se comercia en privado.
El declive económico puede hacer más comunes estas relaciones. La lealtad política se describe a menudo como una cuestión de ideología, pero también depende de salarios, privilegios, contratos y de la expectativa de una recompensa futura. Cuando el crecimiento económico se frena y las oportunidades se estrechan, quienes antes dependían de las instituciones oficiales pueden estar más dispuestos a vender su influencia en otra parte. El paralelo histórico no es que todo movimiento político financiado desde el extranjero sea criminal, sino que el dinero de fuera puede alterar las lealtades internas cuando los arreglos políticos establecidos empiezan a debilitarse.
El propio Partido Comunista de China surgió a principios del siglo XX con una asistencia organizativa y financiera considerable de la Internacional Comunista. Esa historia vuelve especialmente incómoda una pregunta contemporánea: qué ocurre cuando un sistema político construido en torno a la lealtad disciplinada empieza a producir funcionarios e intermediarios cuyos intereses ya no coinciden con los del centro. Puede que la respuesta no sea una rebelión abierta. Puede ser el crecimiento más silencioso de redes que conservan títulos oficiales mientras persiguen intereses privados más allá de una supervisión eficaz.
El caso de Liu ofrece un atisbo de esa posibilidad. El reconocimiento político puede aportar credibilidad, las conexiones comerciales pueden generar riqueza y las relaciones corruptas pueden reducir el riesgo de castigo. Una vez que estas ventajas pueden transferirse entre el negocio legítimo y la empresa criminal, un operador expuesto importa menos que el entorno que le permitió prosperar. La conocida analogía de la cucaracha resulta útil aquí, no como prueba de que todo funcionario es corrupto, sino como advertencia contra la suposición de que el primer caso descubierto está necesariamente aislado.
Hay una ironía final. Un gobierno que insiste en el carácter indispensable de su autoridad centralizada puede descubrir que las instituciones que sostienen esa autoridad han desarrollado intereses propios. Un mayor control central no produce automáticamente un mayor control práctico, en particular cuando los funcionarios pueden sacar provecho de aplicar de forma selectiva las normas que se supone que deben hacer cumplir. El Estado puede parecer formidable visto de lejos y, al mismo tiempo, fragmentarse cada vez más en su funcionamiento cotidiano.
La muerte de Wu Kai debería recordarse, por tanto, como algo más que el desenlace de una disputa con una red criminal. Plantea una pregunta sobre el futuro de un orden político que promete seguridad mientras permite que el acceso a la autoridad pública se convierta en un activo privado. Puede que a Liu Ren se lo recuerde al final como un participante expuesto de una transformación mucho mayor: la conversión gradual de la lealtad política en algo que puede comprarse, venderse y abandonarse.
Si esa transformación continúa, el peligro para los gobernantes de China no vendrá solo de los oponentes fuera del sistema. Vendrá también de personas que permanecen dentro de sus instituciones mientras, en silencio, dejan de servirlas.
P.S. — La policía que quizá no era falsa
Según los registros judiciales, los hombres que secuestraron a Wu Kai se hacían pasar por policías. Pero ¿cómo obtuvo una red criminal que operaba desde el extranjero su domicilio, fotografías recientes y los datos del registro de su vehículo? ¿Y por qué, después de su desaparición, circularon informes que afirmaban que había sido detenido por la policía? Estas circunstancias plantean una pregunta inquietante: ¿actuaban los supuestos impostores enteramente por su cuenta, o la operación contó con la ayuda de personas con acceso al sistema de aplicación de la ley de China? La acusación estadounidense contra la red criminal de Chen Zhi ya alega relaciones corruptas con funcionarios chinos de la seguridad pública y de la seguridad del Estado. Eso no acredita la participación de la policía en el secuestro de Wu, pero hace imposible descartar esa posibilidad sin una investigación. Llamar a los secuestradores «policía falsa» no debería convertirse en una manera cómoda de cerrar la indagación sobre quién los ayudó.